De pactos y partidos políticos en Guatemala en un contexto pre-electoral

Por: Dr. Gustavo Palma

En fecha reciente un buen número de partidos políticos suscribieron el llamado “Pacto Ético Político de las elecciones 2011, por la pureza del proceso y la reafirmación de nuestro compromiso de luchar por Guatemala”[1], en el que plantean una serie de consideraciones en torno al próximo proceso electoral y, sobre todo, sobre el papel que ellos consideran deben desempeñar dentro del mismo.

Se trata, en principio, de un planteamiento que –leído en abstracto- puede ser asumido como un gesto de madurez política, acorde con los principios básicos y generales que deben observarse en un proceso de tal naturaleza con el propósito de fomentar y arraigar la cultura política de participación democrática ciudadana en nuestro país.

En ese sentido, debe destacarse lo pertinente de los planteamientos que en él se hacen sobre la necesidad de observar y respetar los fundamentos legales que rigen y organizan los mecanismos que el sistema político tiene establecidos para el buen funcionamiento del modelo de democracia vigente.

De igual manera hay que enfatizar la importancia que atribuyen a la necesidad de llevar a cabo una campaña electoral limpia, centrada en la promoción de los valores democráticos, profundamente ética y alejada de toda práctica descalificadora sino, más bien, orientada hacia la discusión seria sobre la problemática nacional y las posibles vías para enfrentarla.

También llama la atención en este documento el reconocimiento que hacen sobre la necesidad de transparentar el manejo financiero de las campañas electorales, comprometiéndose a “Auspiciar el flujo de información” que permita aclarar lo relacionado con este delicado tema; lo que dicen, realizarán periódicamente.[2]

Estas, y otras enunciaciones contenidas en dicho Pacto, podrían ser leídas como una manifestación de buena voluntad y civismo por parte de los partidos que lo suscribieron. En cuyo caso, estaríamos ante un acontecimiento político que merecería ser valorado en toda su dimensión.

Sin embargo, este documento no contiene referencia alguna sobre un tema que ha estado ocupando bastante espacio en los medios de comunicación durante los últimos meses, relacionado con la llamada “campaña anticipada” que un buen número de esos partidos políticos han venido desarrollando desde hace ya bastante tiempo con el propósito de posicionarse, pero sobre todo a sus candidatos principales, en el horizonte político nacional. Tal situación, en sí misma, lleva a plantearse una serie de dudas sobre el valor real –ético- que pueda tener dicho Pacto. Al respecto, el artículo 69 del Reglamento respectivo de la mencionada Ley, que dice clara y literalmente: “La propaganda y encuestas electorales[3], sólo serán permitidas desde el día siguiente a la convocatoria de elecciones y hasta treinta y seis horas antes de celebrarse las mismas”.[4]

A pesar de que varios partidos ya han sido sancionados por no respetar esa norma, en su defensa han esgrimido algunos argumentos en los que se hacen malabarismos discursivos para aclarar que lo que ellos están haciendo es proselitismo con el propósito de posicionarse en el escenario nacional, pero no campaña política.

En relación con este tema y en fecha reciente –18 de enero de 2011- el Tribunal Supremo Electoral emitió el Acuerdo Número 41-2011 en el que explica lo que debe entenderse por “Propaganda Electoral” y “Proselitismo”. A la primera, la define como “Toda actividad organizada y llevada a cabo por los partidos políticos, comités cívicos electorales, por si o en coalición, encaminados a promoción de candidatos, difusión y explicación de sus programas de gobierno, utilizando para ello los medios de comunicación auditivos, visuales, interpersonales y redes sociales o cualesquiera otros medios que en el futuro se creen, en forma gráfica, fonética, ideológica, directa, indirecta, sugerida o implícita”. Mientras que sobre el segundo dice: “Es el derecho que las organizaciones políticas tienen para dar a conocer su nombre, emblema y su llamamiento a adherirse o afiliarse según el caso”.

Si esas definiciones se confrontan con las que contienen, al menos dos de los diccionarios del idioma español de más uso en la actualidad[5] puede constatarse que no son necesariamente excluyentes; sobre todo, porque en ambas está implícita la acción concreta del posicionamiento de los partidos políticos, así como la búsqueda de adeptos para los mismos. De tal manera que lo relacionado con promoción de candidatos y programas de gobierno y el afianzamiento del nombre del partido, emblema y llamamiento a adherirse resultan siendo, en síntesis, propaganda.

Tales ambigüedades conceptuales, estimuladas por los conceptos propuestos por el Tribunal Supremo Electoral, han dado lugar a que cada organización partidaria actúe en base a una peculiar interpretación de esos conceptos, pasando por alto lo que la ley específica dice al respecto. Y, en consecuencia, se ha generado una situación violatoria de la ley que está estrechamente vinculada con la totalidad del contenido de dicho Pacto.

La manera en que han estado operando varios de los partidos políticos que participarán en las próximas elecciones en cuanto a este tema evidencia la peculiar manera de razonar –y por lo tanto observar y respetar- la ley. Por ejemplo, y a la luz de uno de los puntos contenidos en el Pacto Político que plantea la necesidad de emprender una campaña electoral centrada en “valores y principios democráticos, rescatando la ética y la moral en la conducta de los participantes”, se pueden plantear dos reflexiones preliminares: por un lado, se habla de valores y principios, pero no se respeta la ley. Y por otro, lo que se puede observar en vallas y espacios publicitarios desplegados en los medios de comunicación es, más bien, la promoción de los supuestos valores de los líderes de los partidos, no así los que se supone deben incentivar entre la ciudadanía. De igual manera, se trata de valores de los candidatos, no de los partidos; lo que lleva a pensar que son lo mismo, lo que no necesariamente debe ser así.

Esta tendencia, que además afianza la anacrónica práctica de vincular partido con personas específicas, evidencia el escaso nivel de compresión que manifiestan los dirigentes políticos sobre lo que significa promover tales valores y principios entre la población. Más bien, se trata de la pervivencia de una larga tradición personalista –autoritaria- que insiste en llevar a los electores a identificar, irremediablemente, al partido con la figura que se promociona en los medios. De tal manera que el resultado que se persigue a partir de estos mecanismos publicitarios es el de afianzar entre el público la idea de que los partidos políticos son las personas –sobre todo los líderes de las fotos- y no instituciones que operan en base a principios, planes y programas. De dónde la pregunta sobre si lo que plantean en el tercer considerando del Pacto fue resultado de una seria y cuestionadora reflexión sobre su esencia institucional o, más bien, simple retórica sin ningún contenido ni propósitos.[6]

Más que propaganda o proselitismo, el despliegue publicitario llevado a cabo por los partidos políticos debe entenderse como el posicionamiento de personas específicas que deben ser identificadas por encima de los mismos partidos. Reflexión que nos lleva nuevamente a otro de los compromisos adquiridos en ese Pacto Político, en la primera parte del 6º, sobre promover “un debate de ideas y programas...” A la luz de este enunciado es válida la pregunta sobre si las frases enunciadas en primera o tercera persona (“yo...” “debemos, tenemos...” etc.) son equivalentes a ideas pero, sobre todo, programas.

No es posible, además, considerar que esta ilegal campaña anticipada pueda ser justificada como una posibilidad para fortalecer la institucionalidad democrática. Se trata, más bien, de fijar intereses personalistas aprovechando los espacios publicitarios. No se va más allá de ello con lo que se pierde la posibilidad de construir una cimentada cultura política ciudadana, y se continúa acentuado la percepción, cada vez más generalizada, sobre el oportunismo que salta a la vista en estas específicas circunstancias. Oportunismo que se ha venido agudizando desde 1986 con la marcada tendencia a la ninguna capacidad que los partidos políticos han tenido para consolidarse y permanecer. Han sido, más bien, golondrinas que desaparecen luego de que el “verano electoral” ha concluido.

Es importante insistir en lo controversial que resulta para el ansiado proceso de consolidación y fortalecimiento de la institucionalidad democrática que los partidos políticos acudan a acciones publicitarias como la suscripción del mencionado Pacto Político. Si bien podría otorgárseles el beneficio de la duda, dándole un seguimiento puntual a cada uno de los compromisos en él adquiridos de ahora en adelante, ya tenemos algunas evidencias sobre el no cumplimiento del mismo, tal el caso de la propaganda anticipada. En ese sentido, los partidos políticos actúan de manera irresponsable dado que vacían de contenido la democracia al no sustentarla y sostenerla con ejemplos claros y contundentes de ética y voluntad política con sentido de larga duración. En consecuencia, la política termina siendo asumida por la población como un “mal necesario” pero no como el espacio donde todos pueden converger y participar para construir, con el añadido de que la democracia, como concepto y como vivencia cotidiana, se desdibuja peligrosamente.

Tal situación, además, se produce en un contexto que René Poitevin dibuja en los siguientes términos: no existe un poder estatal que esté por encima de lo político, que haya impregnado a toda la sociedad. Plantea que el actual Estado o es prácticamente inexistente o muy débil para asumir esa función. Considera que, más bien, existe vacío de poder e institucionalidad y ausencia de guía en la sociedad, por lo que no hay poder o liderazgo que imprima dirección a un movimiento que, más bien, va en diferentes direcciones y con agendas diferenciadas (participación indígena, políticas sociales, liberalismo económico, privatización, lucha contra la corrupción e impunidad, respeto a los Derechos Humanos, etc.) Además, añade, la política en su acepción restringida está dejando de tener sentido, tanto porque el poder que se supone le otorgaría dirección a la acción política es débil; porque al haber impregnado lo político a casi toda la sociedad, la mediación de instituciones (como los partidos políticos) y toda la acción conocida como política deja de tener objetivos y se le considera como actividad desprestigiada. En consecuencia, la política, al estar sujeta a la corrupción y la violencia, al igual que a criterios de oportunidad electoral, no sirve a la sociedad, por lo que ya va perdiendo la posibilidad de ser considerada como vía que ofrezca la eventualidad de resolver los problemas sociales y económicos.[7]

Esta reflexión identifica con claridad los nudos centrales que deberían ser objeto de constante preocupación para los partidos políticos, con el propósito de contribuir a la consolidación del sistema democrático. Si su razón de ser es desempeñarse como activos y diligentes intermediarios entre el Estado y la sociedad, las señales que deberían estar enviando tendrían que evidenciar su compromiso con tan importante función. De lo contrario, sus acciones únicamente contribuyen al debilitamiento de la credibilidad en el sistema político, a enraizar en la población la idea sobre su ineficacia y oportunismo, frenando posibilidades para avanzar cualitativamente hacia un modelo de sociedad mejor y diferente.

Pero, y en el fondo, lo que esta situación entraña es la carencia de verdaderos liderazgos que entiendan y aborden la compleja realidad nacional y que, en consecuencia, planteen propuestas posibles y maduras. Temas coyunturales –como el de la violencia generalizada- están siendo posicionados como ejes centrales de los mensajes que se transmiten, reduciendo la diversidad de matices que caracterizan a dicha realidad a un único eje. El efecto que esas estrategias tiene es fortalecer un imaginario político que focaliza en ese tema la complejidad social, dejando fuera el abordaje serio de otros problemas, igualmente tan o más importantes que el antes mencionado.

Por otro lado, y mediante estas prácticas, se continúa acentuando el carácter eminentemente electoral –electorero- de estas supuestas instancias de intermediación política. Ello viene a reafirmar la perspectiva cortoplacista de los partidos, dando lugar al desarrollo de procesos y procedimientos internos que resultan en cooptación, corrupción, compadrazgo y violencia.

Y como ya se indicaba anteriormente, el obsesivo posicionamiento de personas concretas como emblemas del partido únicamente genera y reafirma autoritarismos excluyentes que contradicen el sentido participativo que debe caracterizar a la política en su más amplia acepción, profundizando el alejamiento de la ciudadanía de la misma pero, sobre todo, obstruyendo toda posibilidad de contribuir al desarrollo sostenido y positivo del proceso democrático.

Todo lo antes enumerado trae como resultado la consolidación de una cultura política heredada del pasado, en la que predominan las ideas caudillistas y excluyentes, dejando fuera toda posibilidad de promover una cultura de verdadera participación social y política.

Una revisión somera de la experiencia histórica de los últimos 25 años de nuestra vida política permite reiterar lo ya dicho en innumerables espacios y análisis sobre la no existencia de una institucionalidad afianzada de partidos políticos. Una consecuencia de la misma es la no existencia de una clase política con capacidad para revitalizar y potenciar la democracia y la consecuente y necesaria modernización del país. De manera que nuestra práctica política, como sociedad que busca la democracia y la democratización, se ha visto reducida al puntual rito electoral pero no así al fortalecimiento de una vivencia concreta de tales objetivos societales. La volatilidad de los partidos políticos, su incapacidad para arraigarse social y políticamente, únicamente perjudican a la democracia al evidenciar que no están interesados en consolidarla sino, más bien, en acceder al poder y sus granjerías.

En tal sentido, vale la pena cuestionar y criticar a los partidos políticos sobre el emprendimiento de acciones como la suscripción del mencionado Pacto Político, independientemente del nivel de credibilidad que pueda estar teniendo entre la población. El ya evidenciado incumplimiento del mismo, por omisión, sólo viene a profundizar el desprestigio de una instancia fundamental para la vida política del país pero, más aún, de la democracia como horizonte social común.

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[1] 7 de febrero de 2011

[2] Sobre este aspecto, tanto la Ley Electoral como el Reglamento de control y fiscalización del financiamiento público y privado, de las actividades permanentes y de campaña electoral de las organizaciones políticas ya contienen indicaciones claras al respecto.

[3] Sobre el tema de las encuestas electorales no hay que perder de vista cómo los medios de comunicación contribuyen a retorcer el sentido de esta ley: por un lado, al estar realizando encuestas anticipadamente; pero, sobre todo, al promocionar a determinadas personas a partir de posicionarlas como “favoritas” en las llamadas y controversiales encuestas de opinión.

[4] Capítulo II –Propaganda Electoral-, artículo 69 –límites temporales-, del “Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos”. Guatemala: Tribunal Supremo Electoral, 2007, pág. 19.

[5] Vale la pena comparar estas definiciones con las que contienen, al menos, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española y el de María Moliner (Diccionario de uso del español). En el primero, propaganda es definida como “Acción o efecto de dar a conocer una cosa con el fin de atraer adeptos o compradores.” Y en el segundo, la definición es más compleja: “Actividad desarrollada para propagar unas ideas o un producto comercial. Material, anuncios, prospectos, etc., que se emplean para esos fines.” Incluye la palabra “proselitismo” como equivalente de propaganda. En cuanto a “Proselitismo”, el primer diccionario lo define como “Celo de ganar prosélitos”; mientras que en el segundo se dice: “”Celo fanático o intolerante por hacer prosélitos”. De donde, puede apreciarse la peculiar forma en que dicho Tribunal procedió a formular sus propias definiciones.

[6] En dicho considerando se dice: “Que los guatemaltecos en general y los representantes de los partidos políticos en particular, hemos sido convocados a trabajar por un proceso electoral transparente, que fomente una cultura política de participación democrática ciudadana, en un ambiente de confianza, respeto y convivencia pacífica.”

[7] En: “Guatemala, la democracia enferma”. Diálogo. Guatemala: FLACSO, número extraordinario, Año 3, mayo de 1999.